Estoy en profundo y total desacuerdo con los que desprestigian políticamente la transición democrática y sobre todo a los que quieren anular la ley de amnistía de 1977 para supuestamente, de acuerdo con sus declaraciones, dar respuesta a los derechos a la verdad, justicia y reparación que poseen las víctimas de la dictadura franquista. Soy un español de 69 años orgulloso de haber participado activamente en aquella operación pacífica de conquista de las libertades que hoy es conocida como Transición Democrática y me emocionó y aun hoy me emocionan las palabras de Marcelino Camacho en las Cortes que aprobaron dicha ley de amnistía: “…La pieza capital de la política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía…¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez y para siempre?”.
En
aquel momento la inmensa mayoría de las víctimas y verdugos de la guerra civil
y la dictadura y sus hijos estuvimos de acuerdo en que era necesario borrar los
delitos cometidos en el pasado para tener un futuro democrático en común y
salir de 150 años de guerras civiles y golpes de estado. Si, olvidar el
genocidio de miles de republicanos en la ciudad de Córdoba tras el golpe de estado del 18 de julio de
1936; en 1977 todavía no sabía yo que tenía un tío enterrado en una fosa común
del cementerio, eso lo supe solo hace 8 años y todavía sigue sin desenterrar. Si,
olvidar otros genocidios parecidos en miles de ciudades y pueblos de España a
manos de los golpistas. Si, olvidar los
asesinatos de miles de españoles considerados de derechas en las zonas donde no
triunfó el golpe por parte de desalmados armados se proclamaran de la ideología
republicana o de izquierdas que fuera. Si, olvidar a los miles de asesinatos de
sacerdotes y religiosos por el “gravísimo delito” de ser católicos. Si, olvidar
los asesinatos intencionados de civiles en los bombardeos sobre ciudades por
parte de los golpistas o de los defensores de la República. Si, olvidar,
olvidar y olvidar tanto horror para podernos
fundir en miles de abrazos de reconciliación, ¡nunca más otra guerra civil!.
Lo
hicimos porque como decía el editorial de El País del 15 de octubre de 1977:“La
España democrática debe, desde ahora, mirar hacia adelante, olvidar las
responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer abstracción de los
cuarenta años de dictadura. La mirada hacia el pasado sólo debe tener como
propósito la reflexión sobre las causas de la catástrofe y la forma de impedir
su repetición. Un pueblo ni puede ni debe carecer de memoria histórica; pero
ésta debe servirle para alimentar proyectos pacíficos de convivencia hacia el
futuro y no para nutrir rencores hacia el pasado.”
Soy un defensor activo de la
recuperación de la memoria histórica y de que los historiadores sigan haciendo su
trabajo, que hay mucho hecho y publicado afortunadamente, para que todos los
que quieran, puedan saber lo que ocurrió, incluso con nombres y apellidos
porque como bien decía Carlos Castilla del Pino “los asesinos tenían nombres
y apellidos” y él no descansó hasta que no supo y publicó el nombre de
quien fue el responsable de los
milicianos que asesinaron a su familiares, pero no necesito que nadie
sea enjuiciado ahora por esos delitos,
me conformo con saber la verdad de lo que pasó; que en mi caso ya conozco casi
al completo.
No hay nada, a mi juicio, en
la ley de amnistía de 1977 que impida,
sin acudir al derecho penal, restaurar el honor de las víctimas ,
indemnizar a sus herederos y recuperar los patrimonios perdidos, y si lo hay, bastaría con reformar solo lo
necesario o un poco de generosidad. Desde luego tampoco hay nada que impida localizar y recuperar los
miles de cadáveres de fosas comunes y trabajar seriamente para que sus
familiares los reconozcan y les den el entierro que deseen al lado de ellos. Se
pueden cambiar los nombres de las calles, a pesar de la torpeza con la que se han aplicado
las leyes de memoria, porque basta con que lo decida por mayoría simple el ayuntamiento. Nada impide que al igual que la
iglesia católica honra a sus muertos como “mártires de la fe”, otras
asociaciones pueden hacerlo con los suyos con ritual que tengan, sin que nadie
deba molestarse.
Nada impide tampoco que se denuncie públicamente las fortunas que se hicieron por parte de notables franquistas con el robo a los perdedores de la guerra o con la explotación criminal de presos políticos, y se haga un esfuerzo por el Estado para expropiar esos bienes como se ha hecho con el Pazo de Meirás o al menos para que sus descendientes se avergüencen del origen de sus fortunas.
Pretender romper la
reconciliación nacional que conseguimos tras nuestra lucha, cuando en todas las
manifestaciones gritábamos “AMNISTÍA Y
LIBERTAD”, un grito que todavía resuena en mis oídos, es un error grave por
parte de políticos que deberían esforzarse por resolver nuestros problemas, que
nos desbordan y agobian, y no crear los que no existen.
