Texto del artículo publicado en elPlural el domingo 27 septiembre: https://www.elplural.com/politica/espana/vivienda-ya_401360102
Cuando el drama de una persona conmueve a casi toda una
sociedad y moviliza en la calle a miles
de personas, suele indicar que hay un problema de fondo que requiere una
solución más allá de lo que hasta ahora se haya hecho. El desahucio de
Maricarmen en Madrid parece que al fin nos ha puesto frente a una realidad
dolorosa que ha ido creciendo paulatinamente desde hace años: no hay viviendas
disponibles a precio razonable para quien las necesita. El Banco de España
cifra el déficit en 750.000.
La vivienda, aunque es una necesidad básica, no es
un derecho fundamental como no lo es la salud, pero estos derechos son tan importantes que la
Constitución obliga a los poderes públicos a garantizarlos. Para la Salud se crea y se mantiene un Sistema Nacional de
Salud que supuso en 2024 un gasto anual
de más de cien mil millones de euros, 6,4% del PIB, que pagamos entre todos con
nuestros impuestos y cotizaciones. En Vivienda las administraciones públicas solo gastaron en 2024 menos de ocho mil millones (0,48% del
PIB). Los datos son tan claramente desiguales para la satisfacción de dos
derechos básicos que le resulta a uno difícil de entender cómo hemos podido
llegar a esto.
Los datos son claros, somos 50 millones de españoles y hay un parque de 27 millones de viviendas, ¿dónde
está el problema para solucionarlo si cabemos a más de media vivienda por
español? . Lo primero sería ser
conscientes de que España es un país de propietarios de viviendas, pues
aproximadamente el 71,4% de ellas, 19,3 millones, son habitadas por sus
propietarios, 10,7%; 2,9 millones, son segundas residencias, 14%; 3,8 millones,
están vacías; y del millón de viviendas restante solo 380.000 son oficialmente pisos turísticos.
A simple vista pareciera que actuando desde los poderes
públicos sobre las viviendas ilegalmente de uso turístico y las que están
vacías, obligando a su alquiler o expropiandolas, solucionaríamos el déficit
actual de 750.000. Pero resulta que el 58% de las vacías están en la España “
vaciada”, es decir en áreas no tensionadas por la demanda, fundamentalmente en
pequeños municipios, mientras que en las áreas tensionadas( Madrid, Barcelona y
las ciudades de más 250.000 habitantes), dónde realmente hacen falta solo están
el 10,5%, 400.000 viviendas vacías, que lo están, obviamente porque sus
propietarios las tienen como inversión y son muy caras para los que necesitan
vivienda o su alquiler está muy por encima de sus posibilidades.
El problema es que todas las intervenciones que se hacen
para intentar bajar los alquileres privados con rebajas fiscales, que a la
postre pagamos entre todos, en mayor proporción por los más pobres y
necesitados, suelen beneficiar a los tenedores de viviendas y , en mi opinión,
suben los precios, porque la vivienda, una necesidad básica, y sobre todo la de
alquiler en las zonas tensionadas está en el “salvaje” mercado libre, dónde
manda la obtención del mayor beneficio.
Subvencionar las necesidades básicas en una economía libre
de mercado, a mi criterio, “es pan para hoy y hambre para mañana”, solo se
puede hacer puntualmente en lo imprescindible pues sube los precios siempre, ya que incrementa la demanda del
producto cuya oferta, producción o tenencia está en manos privadas. Lo hemos
visto claramente en los combustibles cuya oferta estaba en manos de empresas
que incluso han actuado coordinadamente obteniendo altísimos beneficios. En alimentación, sin embargo, como hay mucha competencia
entre los vendedores compiten el precio. Ya sé que en la vivienda no es lo
mismo pero la lógica si lo es.
En España, Grecia, Portugal y la mayoría de los antiguos
países del Este, la mayor parte de las
familias son propietarias de vivienda, En Rumania el 94%, en España el 74% y la
media de la U.E. es del 68%. En Alemania por el contrario es solo del 47%.
Muchas de las viviendas españolas en propiedad fueron construidas con ayudas públicas, las
“viviendas de protección oficial” y sus propietarios tras un plazo pueden
venderlas legalmente sin ninguna limitación y otras fueron de promoción pública
para alquiler social sobre todo en lo
que hoy conocemos como áreas tensionadas y
lo hecho con dinero de todos para un fin social se ha vendido en bloque a grandes inversores en un mercado
“libre” que controlan y ello en un momento
de incremento de la población española, que por cierto necesitamos para
mantener nuestro sistema de protección social, pero que no puede pagar lo que
le piden por una vivienda digna.
El problema de la vivienda es grave y no se va a solucionar solo, porque el
mercado libre por sí mismo ha demostrado ser
incapaz de garantizar el acceso a
la vivienda para los que la necesitan ahora y más que lo necesitarán año a año,
aunque tengamos más de cuatro millones de viviendas vacías. En otros países
europeos la solución ha sido y es la
existencia de un parque de viviendas públicas o de cooperativas para alquiler
de precio limitado. El caso de Viena
funciona bien pues en este régimen hay 420.000 viviendas en una
población de dos millones de personas, no es que sean baratos pero son
proporcionados a los ingresos de los demandantes y que ningún político tuvo la
desvergüenza de vender a fondos
“buitre”.
En mi opinión esa es
la solución definitiva, construir un parque de viviendas públicas en alquiler
en las áreas tensionadas que atienda la demanda angustiosa de quién necesita
una vivienda ya y no puede pagar lo que el mercado ofrece. Hoy hacen falta
700.000 y si se acometiera un plan decidido y que no tuviera marcha atrás,
seguro que además provocaría una bajada de precios en el resto por exceso de
oferta. Ya sé que sería una operación costosa, en total unos 150.000 millones
en varios años y que requerirá formar trabajadores y sí la entrada de muchos
inmigrantes, pero si los que necesitan vivienda no pueden pagarla que mejor
solución que la paguemos entre todos y luego se la alquilemos, para eso debería
servir la deuda pública, para invertir en futuro más justo. Aunque haya bajado
ligeramente en los últimos años la deuda pública de todas las administraciones
es de 1,74 billones de euros, 100,42% del PIB,
que subiría de forma asumible si tenemos en cuenta la tendencia a la
baja.
Mientras, habrá que seguir actuando: topando los alquileres,
limitando el poder de los grandes tenedores de viviendas, subiendo los
impuestos para las viviendas desocupadas en las áreas tensionadas hasta que les
resulte insoportable tenerlas vacías, porque la vivienda en España
es sin duda la mejor garantía del ahorro de una mayoría social para su futuro o
el de sus hijos, pero su posesión sin límite no puede impedir el acceso a un
derecho básico, clave para que nuestra democracia social y de derecho, sea tal.
Espero que en las próximas elecciones un programa
verdaderamente de izquierdas para solucionar para siempre el derecho a la
vivienda sea sobre lo que debamos
discutir. Ya casi es tarde.
